Los primeros días de abril el ministro de Transportes y Comunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, anunció que habrían cambios en el proceso de obtención y renovación de licencias de conducir para choferes que se dedican al transporte público. En la actualidad un postulante para licencia clase A debe someterse a pruebas visuales, audiometrías, y test síquicos y sicométricos. También se debe acreditar con declaración jurada, que no es consumidor de drogas, estupefacientes o sicotrópicos prohibidos que alteren la plenitud de las capacidades físicas y síquicas.
La nueva normativa que pretende implementarse no es idea nueva, ya que desde el año pasado el gobierno viene evaluando la posibilidad de someter a nuevos exámenes médicos a los conductores clase A. Y al respecto se estaría optando por exámenes específicos, como perfil lipídico, electrocardiogramas, glicemia y exámenes renales que determinarían el abuso de alcohol. La medida se implementará el segundo semestre de este año, según lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta noticia ha causado revuelo y preocupación del gremio de los choferes por la implicancia en el alto costo social que provocaría una evaluación negativa en términos de las patologías (diabetes, hipertensión, problemas coronarios, visuales y otros) que eventualmente pudieren tener los choferes, lo que a su juicio podría significar dejar el rubro, es decir, quedar cesantes. La fundamentación que han dado las autoridades respecto de la medida, es que se pretende evitar accidentes por problemas de salud de los choferes. No hay claridad respecto de cómo sería el financiamiento, aunque estaría viendo la posibilidad de vincular este test al examen preventivo, que es un servicio al alcance de todos los usuarios de manera gratuita en los sectores públicos y privados. Pero todos sabemos que estamos inmersos dentro de una economía de mercado en que se tiende a minimizar los costos y aumentar la rentabilidad para al viabilidad de los organismos y las utilidades de sus dueños, por lo que creo que de alguna manera este servicio médico -que sería más sofisticado que un simple examen preventivo-, lo terminará pagando el usuario. Sea como fuere, esta medida implicará que necesariamente haya que hacerse un examen médico para la licencia de conducir que habilite conducir vehículos para transporte público. Y es probable que el usuario tenga que incurrir en algún costo, pues al parecer el proceso de los exámenes médicos requeridos tendrán que externalizarse hacia clínicas en circunstancias que son más complejos que la tradicional audiometría y examen a la vista que se hace en el mismo departamento del tránsito de las respectivas municipalidades. Ahora si realmente detrás de esta medida hay un ánimo preventivo de potenciales riesgos vinculados a las patologías que tendrían incidencia en eventuales accidentes de tránsito, el costo de los exámenes debiera asumirlo el Estado.
Si se va a exigir a los choferes de la locomoción pública un examen para detectar una enfermedad y prevenir potenciales riesgos en la conducción por las calles de la ciudad, también lo lógico sería que todos los que obtengan licencia de conducir lo hagan, sin la pretendida discriminación que quiere hacerse solo con los choferes del transporte público, pues las probabilidades de accidentabilidad pueden ser las mismas. No sería muy consistente que tuviésemos conductores clase A en perfecto y controlado estado de salud, si por otro lado hay conductores que no serían evaluados médicamente de la misma forma que los del transporte de locomoción pública y representarían un potencial riesgo de accidentabilidad. Todo esto siguiendo la lógica que ha anunciado el gobierno de tener choferes sanos y conscientes de sus enfermedades para minimizar la ocurrencia de eventuales accidentes.
No creo que la decisión de la medida sea tan draconiana como para dejar cesantes a muchas personas que padecen diabetes, hipertensión u otra enfermedad y que se dedican a la conducción del transporte público, pues en estos casos se debería adjuntar un certificado médico que acredite el pleno control de la enfermendad que lo habilitaría para seguir ejerciendo la actividad.
La empírica, las estadísticas o la simple percepción nos señalan que no obstante hay muchos conductores que tienen las enfermedades señaladas, éstas no aparecen recurrentemente como como causal de accidentes de tránsito, es mas, es una rareza -y no sé si habrán casos- la ocurrencia de accidentes relacionados a patologías que se quieren detectar en los conductores. Se podrá recurrir a la casuística en los accidentes de tránsito en que eventualmente haya habido alguna relación entre la enfermedad y el accidente para reforzar la obligatoriedad de la medida de control, pero también se ha visto que hasta personas con cero riesgo han tenido fallas en su salud, como el caso de deportistas que han fallecido repentinamente o, como le sucedió recientemente al exselecionado de fútbol Pato Yáñez, que felizmente tuvo atención médica instantánea.
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