Por qué ha surgido esta relación mafiosa entre política y dinero; la respuesta es sencilla: porque creen que necesitan publicidad, marketing para engatusar y "comprarse" a los electores, aunque en parte lo logran. Esta situación que ha estado en el tapete noticioso chileno con la difusión de documentos que demuestran los nexos entre políticos y empresarios a través del dinero debiera tener un corte total. El caso Penta y SQM, por el momento, es lo mas elocuente de cómo los empresarios financian a los políticos, desatando la rabia de los chilenos. Y esto afecta transversalmente a la política chilena, ya que políticos de todas las estirpes se han visto involucrados en esta relación, aunque en la derecha hay una mayor cantidad de políticos que acceden al financiamiento empresarial, porque históricamente ha sido así también: la derecha siempre ha defendido al Capital. No obstante políticos de izquierda también han tenido que jugar en este escenario, incluso, algunos no han tenido empacho en buscar financiamiento con los mismos que masacraron a sus "compañeros". El creer que el imperativo propangandístico para respaldar una campaña, quizás sea el impulso para recurrir inexorablemente a buscar financiamiento en las empresas, en circunstancias que los competidores para una cargo de elección popular hacen millonarias campañas electorales.
Este es un contexto impresentable para la sana discusión de las leyes en el parlamento, en donde se supone que están los elegidos por la voluntad popular con independencia para votar leyes y no como ha sucedido en la práctica en que, finalmente, son los grupos empresariales que digitan el sentido de los proyectos de ley que se discuten. Esta situación tiene que tener una solución que vaya a la raíz del fenómeno; y el antídoto es bien simple: prohibición total de la propaganda política y del financiamiento de las campañas. Solo debieran existir las franjas electorales en radio, TV y medios escritos en que igualitariamente todos los candidatos tendrían acceso. Hoy la tecnología de las comunicaciones permite la difusión masiva de la información. También las ciudades no estarían invadidas ni contaminadas visualmente por la infinita propaganda gráfica en las calles. Los "puerta a puerta" serían un medio lícito y también los discursos públicos, pero prohibición total de carteles, letreros, gigantografías, banderas, palomas o cualquier medio gráfico similar. Se trata que los candidatos a un cargo de elección popular expresen ideas, programas, conceptos, convicciones, valores, cosmovisión, identidad, empatía, emocionalidad, autenticidad, credibilidad, y no como ahora en que los candidatos se venden como un producto en que a través del marketing le inventan una imagen; y lo otro, es que con el dinero recaudado en esta relación mafiosa políticoempresarial se compran a los electores con "empaná", canastos familiares, bloquetas, pagos de luz y agua, campañas disfrazadas de operativos y otros tipos de dádivas que han terminado por corromper también a la gente. Por eso que los candidatos buscan dinero hasta el raspado de la olla, como dijo Moreira. Si no se es inflexiblemente draconiano en esto, va a seguir existiendo la dependencia del político al empresario, en que por lo menos el político va a estar obligado a contestarle el teléfono a su financista. Incluso, puede ser tan grande la urgencia de recaudar dinero, que grupos de narcotraficantes potencialmente se conviertan también en financistas de políticos, cuando éstos ni siquiera encuentren para el raspado de la olla. Pero, lamentablemente, los políticos van a inventar argumentos para justificar la existencia del financiamiento de las campañas políticos electorales, quizás por costumbre, por comodidad, porque creen que la propaganda es la forma de capturar electores, porque hoy día todo está mercantilizado o porque también lo vean como una forma de negocio en que potencialmente obtendrían alguna utilidad.
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